El derecho a la cultura

El día de ayer, 1º de mayo del 2009, entró en vigor la reforma constitucional por la cual el derecho de los mexicanos a la cultura se eleva a rango constitucional. Es en relación con ese acontecimiento que me permito reproducir el siguiente artículo, escrito en 1997, que por sí mismo se explica.
La cultura: ni nostalgia ni utopía.
por Sergio Cárdenas*
Dice Ortega y Gasset (citado por Susan Sontag), que “la cultura es eso que un hombre tiene en su posesión cuando ha olvidado todo lo que ha leído”. Si en México tenemos una escolaridad promedio de Quinto año de Primaria y un nivel de lectura de un libro por ciudadano por año, ¿ cómo explicar, cómo aplicar en nuestro país la definición de Ortega y Gasset?
Hace no más de un lustro que un político de cierto prestigio nacional causó mi estupefacción al criticar “la inutilidad” de Octavio Paz, pues no conocía dicho político a ningún mexicano que pudiera recitar de memoria algún poema de nuestro poeta mayor, Premio Nobel de Literatura.
En México, la tradición ha sido que el quehacer cultural y artístico que se promueve oficialmente está , por lo general, a expensas del bagaje cultural de la autoridad en turno. A veces, estas autoridades son secundadas por políticos arribistas y/o administradores públicos que por el sólo hecho de serlos, se reservan el derecho de decidir sobre cuestiones artístico-culturales tomando como parámetro su propia ignorancia o limitada educación e imponiendo este parámetro a la sociedad. Hay quienes, a voz en cuello, proclaman el desperdicio que significa apoyar las acciones artísticas y/o culturales.
Otros manifiestan su desprecio por el quehacer cultural argumentado su casi nula rentabilidad económica y promoviendo el recorte presupuestal a la promoción y producción de la cultura, como una medida para contribuir al saneamiento de las finanzas públicas. Este no es un argumento válido, pues el ahorro del de por sí raquítico presupuesto para la cultura y las artes no sólo no sanearía las finanzas públicas, sino que convertiría en elitista, exclusiva para la clase pudiente, a toda actividad artístico-cultural, con sus consecuentes resultados catastróficos en lo social, lo educacional, lo político y lo estrictamente artístico-cultural.
Tampoco es válido arrebatarle a la cultura las partidas presupuestales para destinarlas a la creación de fuentes de empleo en “inversiones estables rentables”, como la llamada “obra pública”, o la “política de crecimiento”, pues en nuestros tiempos un trabajo en el ámbito industrial es tan importante como uno en un teatro o en una orquesta, ya que en ambos lados se dan repercusiones laborales y económicas. Además, ante la carencia de apoyos formativos, nuestra política de eficiencia laboral incrementa día a día las filas del desempleo, que deviene en drogadicción, criminalidad, alcoholismo, etc., todos ellos problemas que incrementan el gasto en la previsión social y la administración de la justicia.
En oposición a lo anterior, la cultura produce valores sociales de larga duración, pues nos transmite un sentido de perspectiva de la vida, nos compromete a luchar por la paz y la justicia, estimula nuestra avidez del conocimiento, facilita el contacto con nuestros semejantes, es un fermento importante para la calidad de vida familiar, social y del Estado, nos mueve a la tolerancia a partir de la comprensión, creará en nuestras mentes y corazones tesoros que ninguna crisis económica o política podrán destruir jamás. Pues ¿de dónde, si no es de una formación cultural adecuada, podremos desarrollar la creatividad y capacidad necesarias para encontrar salidas ante el posible colapso de los factores económicos y/o políticos?
Es esta ignorancia y desprecio al quehacer cultural lo que ha devenido en un campo fértil para los procesos globalizadores que, a su vez, han reducido al mínimo la autonomía del ejercicio político. El ejercicio político en el México contemporáneo se ha visto, en gran medida, reducido al nivel de administrador de intereses no mexicanos. Los capitales de las compañías trasnacionales son capitales desarraigados cuyas decisiones son tomadas en otras tierras y aplicadas aquí. Así, un modo de producción definido allende nuestras fronteras influye de manera decisiva en nuestras relaciones sociales, pasando por encima de tradiciones, ritos y liturgias que nos dieron voz, rostro y corazón.
Estos intereses trasnacionales, frecuentemente secundados por administradores públicos que no sólo no tienen dinero sino que tampoco tienen imaginación, promueven la trivialidad, para que lo mismo esté en todos lados, y el estereotipo, que es la verdad de los otros (como ha escrito Roland Barthes). Así, los intereses del mercado imponen un monólogo en el que nuestra existencia es definida como receptor de la voz de otro, con la consecuente pérdida de la voz propia y de toda la riqueza multisonora que otrora le otorgó la multiculturalidad mexicana.
Yo estoy convencido que es una obligación ineludible del Estado el actuar enérgica y decididamente para corregir estas fallas del mercado y, con ello, alcanzar las metas sociales que el pueblo le ha encomendado. Con el pretexto de lo popular, el Estado, a menudo, sucumbe a los intereses del mercado y convierte el ejercicio cultural en demagogia política que compite con la industria del espectáculo. Esa no es la función del Estado. La función del Estado en materia artístico-cultural, es encontrar los mecanismos legales y económicos que le permitan garantizar a la ciudadanía el acceso a las manifestaciones substanciales del ser humano que sean un instrumento de transformación y no únicamente de expresión o entretenimiento; que sean un instrumento de la reflexión y de la confrontación de la ideas (recordemos que fue la confrontación de las ideas lo que derivó en la Revolución Francesa y, poco después, movió al Cura Hidalgo a la Independencia de México); un instrumento que nos haga concientes de lo más valioso, que siempre es intangible; un instrumento que desarrolle nuestra sensibilidad (“siento, luego existo”, debería de ser nuestra máxima, como bien propone Milan Kundera); en suma, el acceso a las manifestaciones sustanciales para garantizar el desarrollo del componente base de la sociedad: el ser humano, con toda su compleja red de creencias y miedos, de amores y desamores, de motivaciones y frustraciones, de aspiraciones y decepciones, de generosidades e intereses.
Ante los retos que nos impone un desarrollo sustentable, la cultura surge como baluarte, como medio eficiente para hacer frente a la entropía que trata de imponernos el sistema global que no tiene rostro ni corazón; surge como la variable más importante de ese desarrollo, pues nuestra cultura es, a final de cuentas, lo que somos: cómo pensamos, cómo nos expresamos, cómo nos comportamos, cómo soñamos.
En la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos se encuentran enunciadas nuestras garantías individuales y sociales: el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la planificación familiar, a la libertad de expresión, a la información, a la petición, a la libre asociación, a la libertad de creencia, al libre tránsito. De los Artículos 3 y 4 podemos deducir un compromiso del Estado para con la cultura. En ninguna parte se enuncia de manera explícita, como se enuncian las garantías ya mencionadas, el derecho de los mexicanos a la cultura y las artes. Me parece que el momento político que viven México y el mundo, es propicio para colocar en el debate legislativo la trascendencia de dar rango constitucional al derecho de los mexicanos a la cultura y las artes, elaborando una legislación que regule y garantice la inversión del Estado y de la comunidad en la productividad espiritual de nuestro pueblo y en el fortalecimiento de su tesoro más preciado como nación: su identidad cultural, que es tan diversa como nuestra biodiversidad, tan rica como compleja, tan cromática como polifónica, tan literaria como poética, tan majestuosa como monumental.
Me refiero a una legislación que permita el desarrollo y disfrute de la cultura en el seno de la sociedad de manera exuberante, lúdica y festiva; una legislación que garantice que el país no tenga rincones muertos para la cultura, como las malas salas de conciertos tienen rincones muertos donde el sonido no circula; una legislación que estimule la vitalidad imaginativa y productiva de todo individuo y no únicamente de la alta burguesía, que se presume fuerte por la alta tecnología con la que cuenta y porque puede movilizar el capital; una legislación que provoque modificaciones fiscales adecuadas a las necesidades de las instituciones culturales no lucrativas; una legislación que propicie una mayor corresponsabilidad de la sociedad al otorgar a las instituciones artísticas y/o culturales, personalidad jurídica y patrimonio propios, evitando el dirigismo centralizado y la excesiva burocracia; una legislación que garantice en el papel y en la práctica, la educación artística de nuestros niños como parte fundamental de su formación integral como individuos; una legislación que proteja el patrimonio que hemos heredado y nos permita evaluar los alcances y riquezas de esa herencia; una legislación que establezca mecanismos transparentes que garanticen la investigación, conservación, difusión y el estímulo a la creación de nuestro patrimonio cultural y artístico; una legislación que vele por la diversidad de nuestras voces culturales, protegiéndolas, preservándolas y difundiéndolas; una legislación que comprometa al Estado a impulsar proyectos artístico-culturales que el mercado ha ignorado o ignora; una legislación que respete el idiorritmo de nuestra sociedad, en la que todos vivimos juntos pero cada quien con su propio ritmo; en fin, una legislación en la que la cultura y las artes se manifiesten no como nostalgia ni como utopía, sino como energías vivas que comunican nuestro amor fraternal y nuestra pasión por México.+++
• Compositor musical y director sinfónico (Cd. Victoria, Tamps., México, *1951). Profesor Titular de Carrera en la Escuela Nacional de Música, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presidente de Música de Concierto de México, S.C./SACM.
• Página web: http://www.sergiocardenas.net;
• Blog: http://onomatopeyadeloindecible.blogspot.com
© Sergio Ismael Cárdenas Tamez, Guanajuato, Gto., México; el 21 de noviembre de 1997.

Derecho de acceso a la cultura entra en vigor hoy
Notimex El Universal Ciudad de México
Viernes 01 de mayo de 2009

La reforma a la Carta Magna establece que toda persona tiene derecho
al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el
Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales

El Diario Oficial de la Federación publicó la víspera las reformas a los artículos
4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que elevan
a rango constitucional el derecho de acceso a la cultura.
La reforma a la Carta Magna que adiciona párrafos a los artículos mencionados
establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los
bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus
derechos culturales.
De acuerdo con el secretario de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados,
Alfonso Suárez del Real y Aguilera, las reformas a la Carta Magna entrarán en
vigor a partir de este 1 de mayo.
"Felicitamos y compartimos el entusiasmo de todos los sectores que han luchado
por esta reforma, en conciencia de que falta mucho por hacer", expresa el legislador.
Según el Diario Oficial de la Federación, con esta reforma el Estado promoverá los
medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural
en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.
La Ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier
manifestación cultural.
De igual manera, el Congreso de la Unión estará facultado "para legislar en materia
de derecho de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con las
misma".
El Poder Legislativo podrá expedir leyes "que establezcan las bases sobre las cuales
la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, coordinarán sus
acciones en materia de cultura".
Además, se establecen los mecanismos de participación de los sectores social y
privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del artículo
cuarto de la Constitución.

mzr